La Abogacía del Estado ha interpuesto ya 155 recursos contenciosos contra otros tantos Ayuntamientos vascos por no cumplir la ley de Banderas, que obliga a colocar la enseña nacional en un lugar preferente de los edificios oficiales. La Delegación del Gobierno va a ser “implacable”, advierte su responsable, Carlos Urquijo, contra quienes se resistan, burlen o vulneren la obligación legal de exhibir la enseña española en todos los municipios.
Desde su llegada al cargo, en enero de 2012, las actuaciones contra los consistorios remisos o insumisos a la rojigualda se han duplicado. En apenas 14 meses, Urquijo ha instado a presentar 104 contenciosos.
Esta nueva guerra de las banderas ha generado una actividad frenética en la Delegación del Gobierno. La representación del Estado en la comunidad autónoma tiene perfectamente sistematizado el seguimiento del conflicto. Una guerra esta muy distinta a la que en los noventa motivó múltiples altercados callejeros en protestas de la izquierdaabertzale contra Ayuntamientos que exhibían la bandera en determinadas circunstancias. Sus mayores exponentes se vivieron en sucesivas Aste Nagusia de Bilbao.
La Delegación va anotando, municipio por municipio, fecha a fecha, todas las incidencias sobre el cumplimiento de la ley 39/1981. La primera anotación corresponde a un contencioso contra Zigoitia en octubre de 1991; las últimas están datadas el pasado 15 de febrero, sobre Barrika, Gorliz, Lemoiz y Plentzia.
El minucioso registro precisa las fechas en que se pide a las corporaciones la colocación de la enseña, si se ha acatado la exigencia, el día en que la Abogacía del Estado tramita el contencioso, si se da un cumplimiento “extraprocesal” y las sentencias dictadas. Hasta hoy, los juzgados han fallado 17 vces obligando a poner la bandera.
La Delegación del Gobierno lleva un minucioso registro de toda incidencia
La vigilancia a los 251 municipios vascos se ha estrechado desde las municipales de 2011. Hasta entonces, la rojigualda apenas era visible en los consistorios, pero tras llegar Bildu al poder en numerosas corporaciones, el anterior delegado del Gobierno, el socialista Mikel Cabieces, activó los requerimientos y empezó a cursar una remesa de órdenes. Envió 51 avisos. Su sucesor, Urquijo, ha hecho lo propio en otros 104 casos más.
El Ayuntamiento donostiarra y la Diputación guipuzcoana, baluartes institucionales de Bildu, mantienen la bandera en sus edificios, aunque desde la calle no es visible la que el PNV ubicó, por orden de un juez, en el tejado del Palacio Foral. Ni el alcalde, Juan Karlos Izagirre, ni el diputado general, Martin Garitano, se han atrevido a retirarlas.
El consistorio de Bergara, por ejemplo, decidió colocar 55 banderas de países de todo el mundo para esconder la española entre tantos símbolos. “En esta batalla legal estamos al 100%”, recalca Urquijo. “La observancia del cumplimiento de la ley va a ser continua y no vamos a permitir ninguna burla”, agrega.
Urquijo propuso, cuando era parlamentario del PP, que la Cámara vasca instase al entonces Gobierno de Zapatero a ”no permanecer impasible” y adoptar medidas contra los Ayuntamientos de Bildu que estaban “en contra de los símbolos nacionales”.
El Estado también actúa contra los Ayuntamientos que incumplen la obligación de entregar a la Administración central copia de todas las actas y acuerdos adoptados.También se remiten a los tribunales los casos en los que las instituciones apoyan a los presos de ETA, como ha sucedido esta misma semana con la Diputación guipuzcoana y el Ayuntamiento donostiarra.
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